Abordamos los aspectos b谩sicos a tener en cuenta cuando un ciudadano sufre un da帽o por una deficiencia ocasionada por el funcionamiento de alg煤n servicio p煤blico, dado que tiene el derecho a reclamar el mismo frente a la administraci贸n responsable correspondiente, siempre que se den determinados requisitos.

El apdo. 2 del Art. 106, Constituci贸n Espa帽ola establece que los particulares, en los t茅rminos establecidos por la Ley, tendr谩n derecho a ser indemnizados por toda lesi贸n que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesi贸n sea consecuencia del funcionamiento (normal o anormal) de los servicios p煤blicos. Partiendo de lo anterior, los diferentes aspectos de la responsabilidad patrimonial se regulan tanto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com煤n de las Administraciones P煤blicas (en adelante, Ley 39/2015), como en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R茅gimen Jur铆dico del Sector P煤blico (en adelante, Ley 40/2015).

La responsabilidad patrimonial de la Administraci贸n es una responsabilidad objetiva ya que supone que no es estrictamente necesario que el da帽o a indemnizar sea realizado con culpa o ilegalidad; siendo suficiente que el perjudicado no est茅 obligado a soportar el da帽o.

Conforme establece el Tribunal Supremo, para que se pueda entender que existe responsabilidad patrimonial de la Administraci贸n son necesarios los siguientes requisitos:

1 – La efectiva realidad del da帽o o perjuicio, evaluable econ贸micamente e individualizado en relaci贸n a una persona o grupo de personas. Es decir, ha de producirse un hecho imputable a la Administraci贸n, que provoque un da帽o antijur铆dico en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente p煤blico.

Dicho perjuicio patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas y evaluable econ贸micamente.

Esto nos lleva a aconsejar la prueba en una doble vertiente, dado que, a menudo, la reclamaci贸n puede resultar fallida por falta de acreditaci贸n. Por ello, en primer lugar, hemos de reunir pruebas que puedan atestiguar la realidad del suceso, mediante documentaci贸n o testigos, con una llamada a una autoridad o u servicio, de forma que puedan sea posible demostrar lo acaecido y, en segundo lugar, toda documentaci贸n o prueba que ayude a poner de manifiesto todo tipo de perjuicio econ贸mico que haya sido ocasionado como consecuencia del hecho objeto de reclamaci贸n.

2 – Que el da帽o o lesi贸n patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificaci贸n- de los servicios p煤blicos en una relaci贸n directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervenci贸n de elementos extra帽os que pudieran influir, alterando, el nexo causal.

El nexo causal, es un elemento imprescindible para la buena finalizaci贸n de la reclamaci贸n, por ello se ha de ser muy cauto en el momento de reunir las pruebas y datos que acompa帽ar谩n a la reclamaci贸n.

Se establece una relaci贸n de causalidad directa y eficaz, entre el hecho que se imputa a la Administraci贸n y el da帽o producido ( Art. 32 Ley 40/2015), que determina que la lesi贸n debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios p煤blicos.

3 – Ausencia de fuerza mayor. Entendi茅ndose por tal un suceso extraordinario, catastr贸fico o desacostumbrado, correspondiendo en todo caso a la Administraci贸n, tal y como reiteradamente se帽ala el Tribunal Supremo probar la concurrencia de fuerza mayor, en cuanto de esa forma puede exonerarse de su responsabilidad patrimonial

4 – Que el reclamante no tenga el deber jur铆dico de soportar el da帽o sufrido.

Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, es necesario exigirla directamente a la Administraci贸n P煤blica correspondiente en cuanto a los da帽os y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

El plazo de reclamaci贸n, generalmente, prescribir谩 al a帽o de producido el hecho o el acto que motive la indemnizaci贸n o se manifieste su efecto lesivo. En caso de da帽os, de car谩cter f铆sico o ps铆quico a las personas, el plazo empezar谩 a computarse desde la curaci贸n o la determinaci贸n del alcance de las secuelas.

Procedimiento general (descripci贸n breve):

INICIO.- El procedimiento puede iniciarse de oficio (art铆culo 65 LPACAP) o por reclamaci贸n de los interesados (art铆culo 67 LPACAP).

En el segundo supuesto, la reclamaci贸n debe especificar los perjuicios producidos, la presunta relaci贸n de causalidad entre 茅stos y el funcionamiento del servicio p煤blico, la valoraci贸n econ贸mica todo ello acompa帽ado de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposici贸n de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

INSTRUCCI脫N.- El art铆culo 75 regula los actos de instrucci贸n para la determinaci贸n, conocimiento y comprobaci贸n de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resoluci贸n.

En cualquier momento del procedimiento y antes del tr谩mite de audiencia, la Administraci贸n, a propuesta del instructor, puede llegar a un acuerdo indemnizatorio (art. 86.5 LPACAP).

Los art铆culos 77 y 78 LPACAP prev茅n la pr谩ctica de las pruebas que hubieran declaradas pertinentes, se recabar谩n cuantos informes se estimen necesarios y ser谩 preceptivo el informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesi贸n indemnizable (art铆culo 81 LPACAP).

AUDIENCIA.- Finalizada la instrucci贸n y antes de la propuesta de resoluci贸n, se pone de manifiesto el expediente al interesado para tr谩mite de audiencia.

RESOLUCI脫N.-Terminaci贸n mediante resoluci贸n. Una vez finalizado el tr谩mite de audiencia, el 贸rgano competente resolver谩.

Transcurridos seis meses desde que se inici贸 el procedimiento sin que haya reca铆do y se notifique resoluci贸n expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podr谩 entenderse que la resoluci贸n es desestimatoria.

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