Los poderes públicos, en un estado social y democrático de Derecho, como es España, deben garantizar los derechos fundamentales y libertades públicas, arbitrando las garantías suficientes reflejadas en una correcta política de derechos fundamentales.
En el asunto que nos ocupa, hemos de tener en consideración la afectación del derecho de libertad de información (Art. 20 CE) que tiene una dimensión individual, como derecho a transmitir o recibir libremente información veraz por cualquier medio y una dimensión institucional que ha de permitir una opinión pública libre, constituyendo un freno a la arbitrariedad de los gobiernos.
La UNESCO defiende la libertad de expresión y sus corolarios, la libertad de prensa y la libertad de información, considerando que estos derechos son los fundamentos de la democracia, el desarrollo y el diálogo, y son básicos para la protección y la promoción del resto de los derechos humanos.
La libertad de información, para su correcto ejercicio y no ser considerada censura, necesita de medios de comunicación libres y que puedan transmitir dicha información a los ciudadanos, de modo que una limitación o intervención no justificada por parte del Estado podría constituir una clara vulneración de un derecho fundamental, tanto desde el punto de vista de la libertad de prensa, como desde el punto de vista del derecho de los ciudadanos a disponer de información veraz libre y no intervenida.
De esta forma, la intervención estatal de los medios de comunicación encuentra su justificación si desarrolla una función institucional, persiguiendo la garantía de la veracidad y el pluralismo en la información y la independencia de los medios de comunicación.
Para conseguir tales objetivos se ha de garantizar un número suficiente de medios de comunicación de todas las tendencias legítimas posibles a fin de canalizar el carácter plural de la sociedad, evitando que una tendencia controle el mercado de información.
En el momento que vivimos, con la crisis provocada por la aparición del COVID-19, hemos presenciado, por parte del Gobierno, lo que, a nuestro humilde entender, ha sido una mutilación de la información vertida por Moncloa, que limitaba las preguntas, no permitía la repregunta y decidía sobre qué cuestiones debía o no responder.
Como consecuencia de este comportamiento institucional, numerosos medios de comunicación, entendiéndose maltratados y cuya libertad de información y expresión se veía concatenada a unos límites inadmisibles, decidieron no acudir a las ruedas de prensa ofrecidas por Moncloa.
Ante tal situación, según parece, desde el Gobierno se ha reconsiderado, al menos parcialmente la postura, permitiendo la repregunta a los medios de comunicación.
Así las cosas, desde el punto de vista jurídico, procede analizar si la intervención del Gobierno en este sentido puede considerarse “afortunada” y la respuesta ha de ser negativa.
Hemos presenciado una actitud inflexible e injustificada, que permitía al Gobierno una “censura previa” a las preguntas formuladas por los medios de comunicación, los cuales se veían obligados a formular las cuestiones por escrito, pasando, posteriormente, una “criba” de la Secretaría de Estado que decidía las preguntas a abordar y sin posibilidad para los medios formular repreguntas, situación que bien puede constituir una clara vulneración de derechos fundamentales.
Sin duda es necesario la buena relación, sustentada en el respeto y la colaboración, para disponer de una fórmula democrática, que responda a las legítimas aspiraciones de información de los ciudadanos.
Además, el ejercicio de los derechos fundamentales no puede limitarse injustificadamente al libre albedrío y sin base jurídica que lo sustente, dado que tal limitación constituye una grave limitación a nuestro Estado de Derecho y una vulneración intolerable a los principios que sostienen nuestro sistema democrático.
Por este motivo, numerosos medios de los más afectados por este comportamiento de Moncloa se plantean la posibilidad de entablar acciones judiciales, si bien habrá que ver si, efectivamente, finalmente lo llevan a cabo o acaban primando otros intereses.
En cualquier caso, entendemos que el Gobierno tendrá que mantener una rectitud intachable en este aspecto y, si es necesario, (y todo apunta en sentido afirmativo), rectificar inmediatamente su postura.
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