Los poderes p煤blicos, en un estado social y democr谩tico de Derecho, como es Espa帽a, deben garantizar los derechos fundamentales y libertades p煤blicas, arbitrando las garant铆as suficientes reflejadas en una correcta pol铆tica de derechos fundamentales.

En el asunto que nos ocupa, hemos de tener en consideraci贸n la afectaci贸n del derecho de libertad de informaci贸n (Art. 20 CE) que tiene una dimensi贸n individual, como derecho a transmitir o recibir libremente informaci贸n veraz por cualquier medio y una dimensi贸n institucional que ha de permitir una opini贸n p煤blica libre, constituyendo un freno a la arbitrariedad de los gobiernos.

La UNESCO defiende la libertad de expresi贸n y sus corolarios, la libertad de prensa y la libertad de informaci贸n, considerando que estos derechos son los fundamentos de la democracia, el desarrollo y el di谩logo, y son b谩sicos para la protecci贸n y la promoci贸n del resto de los derechos humanos.

La libertad de informaci贸n, para su correcto ejercicio y no ser considerada censura, necesita de medios de comunicaci贸n libres y que puedan transmitir dicha informaci贸n a los ciudadanos, de modo que una limitaci贸n o intervenci贸n no justificada por parte del Estado podr铆a constituir una clara vulneraci贸n de un derecho fundamental, tanto desde el punto de vista de la libertad de prensa, como desde el punto de vista del derecho de los ciudadanos a disponer de informaci贸n veraz libre y no intervenida.

De esta forma, la intervenci贸n estatal de los medios de comunicaci贸n encuentra su justificaci贸n si desarrolla una funci贸n institucional, persiguiendo la garant铆a de la veracidad y el pluralismo en la informaci贸n y la independencia de los medios de comunicaci贸n.

Para conseguir tales objetivos se ha de garantizar un n煤mero suficiente de medios de comunicaci贸n de todas las tendencias leg铆timas posibles a fin de canalizar el car谩cter plural de la sociedad, evitando que una tendencia controle el mercado de informaci贸n.

En el momento que vivimos, con la crisis provocada por la aparici贸n del COVID-19, hemos presenciado, por parte del Gobierno, lo que, a nuestro humilde entender, ha sido una mutilaci贸n de la informaci贸n vertida por Moncloa, que limitaba las preguntas, no permit铆a la repregunta y decid铆a sobre qu茅 cuestiones deb铆a o no responder.

Como consecuencia de este comportamiento institucional, numerosos medios de comunicaci贸n, entendi茅ndose maltratados y cuya libertad de informaci贸n y expresi贸n se ve铆a concatenada a unos l铆mites inadmisibles, decidieron no acudir a las ruedas de prensa ofrecidas por Moncloa.

Ante tal situaci贸n, seg煤n parece, desde el Gobierno se ha reconsiderado, al menos parcialmente la postura, permitiendo la repregunta a los medios de comunicaci贸n.

As铆 las cosas, desde el punto de vista jur铆dico, procede analizar si la intervenci贸n del Gobierno en este sentido puede considerarse 鈥渁fortunada鈥 y la respuesta ha de ser negativa.

Hemos presenciado una actitud inflexible e injustificada, que permit铆a al Gobierno una 鈥渃ensura previa鈥 a las preguntas formuladas por los medios de comunicaci贸n, los cuales se ve铆an obligados a formular las cuestiones por escrito, pasando, posteriormente, una 鈥渃riba鈥 de la Secretar铆a de Estado que decid铆a las preguntas a abordar y sin posibilidad para los medios formular repreguntas, situaci贸n que bien puede constituir una clara vulneraci贸n de derechos fundamentales.

Sin duda es necesario la buena relaci贸n, sustentada en el respeto y la colaboraci贸n, para disponer de una f贸rmula democr谩tica, que responda a las leg铆timas aspiraciones de informaci贸n de los ciudadanos.

Adem谩s, el ejercicio de los derechos fundamentales no puede limitarse injustificadamente al libre albedr铆o y sin base jur铆dica que lo sustente, dado que tal limitaci贸n constituye una grave limitaci贸n a nuestro Estado de Derecho y una vulneraci贸n intolerable a los principios que sostienen nuestro sistema democr谩tico.

Por este motivo, numerosos medios de los m谩s afectados por este comportamiento de Moncloa se plantean la posibilidad de entablar acciones judiciales, si bien habr谩 que ver si, efectivamente, finalmente lo llevan a cabo o acaban primando otros intereses.

En cualquier caso, entendemos que el Gobierno tendr谩 que mantener una rectitud intachable en este aspecto y, si es necesario, (y todo apunta en sentido afirmativo), rectificar inmediatamente su postura.


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